La Regulación Inteligente es un pilar fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad institucional. En un contexto donde la Comisión Europea impulsa un mandato de simplificación normativa y figuras como Mario Draghi y Enrico Letta han puesto el foco en la calidad regulatoria, el debate sobre la mejora del proceso normativo cobra una relevancia especial. En Europa y en España, la creciente complejidad legislativa y el volumen de regulaciones exigen, más que nunca, un enfoque basado en datos, impacto económico y estabilidad jurídica.
La Regulación Inteligente no es un concepto abstracto ni un simple ideal de buen gobierno. Se trata de un conjunto de principios, procesos y metodologías. diseñados para que las normas logren sus objetivos sin generar distorsiones desproporcionadas. Los principios de buena regulación no son, como recuerda nuestro Consejo de Estado, “meros enunciados retóricos”, sino obligaciones muy concretas cuyo cumplimiento es exigible ante los tribunales. Su finalidad es doble: por un lado, asegurar que las regulaciones sean útiles y efectivas en la resolución de problemas reales, y por otro, integrarlas de manera coherente dentro del marco normativo existente para evitar duplicidades o contradicciones. En definitiva, busca dotar de racionalidad al proceso regulador y mejorar su previsibilidad.
Desde esta perspectiva, la Regulación Inteligente se convierte en la herramienta que permite a los poderes públicos traducir su agenda política en normas jurídicas que respondan a las necesidades de la sociedad. Para que esta transformación sea efectiva, es imprescindible que las decisiones normativas se basen en datos empíricos, análisis de impacto económico y estudios presupuestarios sólidos. No basta con la mera voluntad política o con la intuición sobre lo que «debería» funcionar; es necesario contar con información rigurosa que permita evaluar las consecuencias de cada decisión regulatoria antes de su implementación.
Es esencial, por tanto, la participación activa de los distintos actores económicos y sociales que podrían verse afectados por las decisiones públicas. Un diálogo profundo, técnico y transversal es fundamental para que las normas reflejen un equilibrio entre los distintos intereses en juego y no se conviertan en instrumentos que favorezcan a unos sectores en detrimento de otros. Además, una regulación diseñada con base en el diálogo y la evidencia tenderá a ser más estable en el tiempo, evitando, en su caso, continuos cambios normativos que generen incertidumbre y costes adicionales.
En este contexto, los llamados grupos de interés desempeñan un papel esencial. Su labor en el ecosistema político, del que forman parte necesaria, no debe entenderse como una mera defensa de intereses particulares, sino como un canal a través del cual se proporciona a las autoridades públicas la información necesaria para una regulación más equilibrada y efectiva. Cuando los actores privados y sociales participan en el proceso regulador, contribuyen a la identificación de problemas, a la evaluación de alternativas y a la formulación de propuestas que mejoren la calidad de la normativa.
Conocer, técnica y estratégicamente, el procedimiento de elaboración de las distintas normas jurídicas es esencial para que esta participación sea realmente efectiva y se refleje en el contenido de leyes y reglamentos. En este sentido, la Regulación Inteligente también constituye un instrumento fundamental para la interlocución del sector privado y la sociedad civil con las autoridades públicas.
Comprender a fondo el proceso regulatorio permite a los distintos actores intervenir en el momento adecuado, aportando argumentos sólidos y propuestas viables. Quien domina las reglas del juego sabe cuándo y cómo actuar, ya sea presentando observaciones, proponiendo modificaciones o articulando esfuerzos con otros actores para generar presión efectiva.
En definitiva, la clave para incidir en el contenido de las normas no radica solo en conocer su impacto o en defender determinados intereses, sino en entender, con la debida profundidad, cómo se construyen y quiénes intervienen en su desarrollo. La Regulación Inteligente ofrece un marco que garantiza la participación efectiva de todos los actores en el proceso normativo y contribuye a optimizar, con la adecuada preparación, estrategia y conocimiento del procedimiento legislativo, su capacidad de influencia en las decisiones públicas regulatorias que puedan afectarles, promoviendo mejores condiciones o previniendo obstáculos con impacto directo en su actividad.
