- La inteligencia artificial avanza más deprisa que las normas que deben ordenarla. El riesgo es que la regulación llegue después de los incidentes, no antes.
- La Unión Europea tiene desde 2024 un Reglamento de IA, pero en julio de 2026 retrasó hasta diciembre de 2027 y agosto de 2028 las obligaciones de los sistemas de alto riesgo.
- En España, el Gobierno presentó en septiembre el Plan IA360, pero la ley orgánica que debía desarrollar el reglamento decayó con la disolución de las Cortes.
- El debate ya no es solo tecnológico: afecta al reparto de la riqueza, a la fiscalidad y a la autonomía estratégica de Europa.
¿Es la inteligencia artificial una amenaza o el inicio de una etapa de prosperidad? En un encuentro reciente organizado por El País, el rector de IE University, Manuel Muñiz, respondió que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Los modelos ya superan a las personas en algunas tareas cognitivas, su desarrollo está casi por completo en manos de un puñado de empresas y los gobiernos, advirtió, van muy por detrás.
Ese diagnóstico abre tres preguntas que interesan a cualquier organización, use o no esta tecnología: quién pone las reglas, quién se queda con los beneficios y qué papel quiere jugar Europa. Las tres se deciden en el terreno de las políticas públicas. Y las tres tienen hoy un calendario concreto, en Bruselas y en Madrid.
En este artículo repasamos en qué punto está la regulación de la inteligencia artificial, por qué preocupa su efecto sobre la desigualdad y qué supone todo ello para quienes trabajan en asuntos públicos.
Por qué la regulación va por detrás de la tecnología
Regular una tecnología que cambia cada pocos meses plantea un problema conocido. El Panel Científico Internacional Independiente sobre IA de Naciones Unidas lo llama el dilema de la evidencia: los legisladores necesitan datos sólidos para escribir normas eficaces, pero los sistemas evolucionan antes de que esos datos existan.
A ello se suman otros tres factores:
- Asimetría de conocimiento. Las empresas que desarrollan los modelos saben mucho más sobre su funcionamiento que las autoridades que deben supervisarlos.
- Concentración. Unos pocos actores privados controlan la capacidad de cómputo, los datos y el talento necesarios para entrenar los sistemas más avanzados.
- Comportamientos imprevistos. Los modelos no siempre actúan como esperan sus diseñadores, y los fallos pueden trasladarse a infraestructuras críticas como la red eléctrica o el sistema financiero.
La consecuencia es una regulación reactiva. Si las reglas solo se endurecen después de un incidente grave, el coste lo asumen primero los ciudadanos y las empresas afectadas. De ahí la importancia de las normas que intentan anticiparse, con todas sus limitaciones.
Qué exige ya el Reglamento europeo de IA
La Unión Europea fue la primera gran jurisdicción en aprobar una norma general: el Reglamento (UE) 2024/1689, en vigor desde el 1 de agosto de 2024. Su lógica es graduar las obligaciones según el riesgo. Prohíbe determinadas prácticas, impone requisitos estrictos a los sistemas de alto riesgo, como los que se usan en selección de personal, concesión de crédito o acceso a servicios esenciales, y exige transparencia a los demás.
Su aplicación es escalonada. Y el calendario cambió en julio de 2026 con el llamado Ómnibus Digital sobre IA, el Reglamento (UE) 2026/1744, que simplifica algunas obligaciones y aplaza las más exigentes. No es una moratoria general: buena parte de la norma ya se aplica.
| Fecha | Qué se aplica |
|---|---|
| 2 de febrero de 2025 | Prácticas prohibidas y obligación de alfabetización en IA |
| 2 de agosto de 2025 | Obligaciones para los modelos de IA de uso general |
| 2 de agosto de 2026 | Fecha general de aplicación: obligaciones de transparencia y régimen sancionador de los modelos de uso general |
| 2 de diciembre de 2026 | Nuevas prohibiciones añadidas por el Ómnibus, sobre contenidos íntimos no consentidos y material de abuso sexual de menores |
| 2 de diciembre de 2027 | Sistemas de alto riesgo del anexo III (antes, agosto de 2026) |
| 2 de agosto de 2028 | Sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados, anexo I (antes, agosto de 2027) |
Las sanciones son relevantes. Las prácticas prohibidas pueden castigarse con multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial, y otros incumplimientos, con hasta 15 millones o el 3 %.
El aplazamiento del alto riesgo ilustra bien la tensión de fondo. La Comisión lo justificó porque las normas técnicas que permiten cumplir no estaban listas a tiempo. Para sus críticos, supone ceder a la presión de quienes piden menos carga regulatoria justo cuando la tecnología se acelera. Ambas lecturas conviven, y el debate seguirá abierto mientras se redactan los estándares y las directrices que concretan la norma.
España: un plan ambicioso y una ley pendiente
España parte de una posición reconocida en gobernanza de la IA. Cuenta con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), la primera autoridad de este tipo en la Unión, y con el primer espacio controlado de pruebas o sandbox regulatorio ya completado. Según el índice de la Universidad de Stanford que cita el Gobierno, el país es la séptima potencia mundial en dinamismo de la IA y la segunda de Europa.
El Plan IA360: acelerar y proteger
Sobre esa base, el Gobierno presentó en septiembre de 2026 el Plan IA360, con el objetivo de situar a España entre los cinco primeros países del mundo. Organiza sus medidas para 2026 y 2027 en ocho ámbitos: infraestructuras, seguridad, educación, talento, desarrollo tecnológico, difusión en las empresas, Administración y alianzas internacionales. Varias de ellas tienen un contenido regulatorio directo:
- Un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial dentro de la AESIA, para evaluar los modelos más avanzados antes y después de su llegada al mercado, mediante acuerdos voluntarios con los desarrolladores y en cooperación con la Oficina Europea de IA.
- Una nueva regulación de los centros de datos, por real decreto, con requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital.
- Un protocolo de actuación urgente para proteger a los menores frente a contenidos que vulneren sus derechos, generados o no con IA, con una única puerta de entrada para las familias.
- Cambios normativos sobre talento y escalado empresarial, incluida una ley de scale-ups.
El plan parte de un diagnóstico con luces y sombras. El 44,2 % de la población en edad de trabajar usa ya IA generativa, pero solo el 21,1 % de las empresas de diez o más empleados la ha incorporado, y España ocupa el puesto 23 del mundo en talento especializado.
Una ley orgánica que decayó con la disolución de las Cortes
El marco tiene, sin embargo, una pieza pendiente. El reglamento europeo es directamente aplicable, pero deja a cada Estado tareas esenciales: designar las autoridades de supervisión y fijar el régimen sancionador nacional. En España, esa función correspondía al Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que el Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 y el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el 12 de junio.
El texto situaba a la AESIA, con sede en A Coruña, como autoridad principal y punto de contacto único. También creaba una ventanilla de reclamaciones, regulaba los espacios controlados de pruebas y añadía un capítulo propio sobre el uso de la IA en el sector público estatal.
Estaba en fase de enmiendas cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones para el 29 de noviembre. Como el resto de proyectos en tramitación, ha decaído. El próximo Gobierno tendrá que aprobarlo de nuevo y remitirlo a unas Cámaras que se constituirán el 23 de diciembre. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará además mayoría absoluta en el Congreso.
El calendario electoral afecta también al Plan IA360. Buena parte de sus hitos estaban previstos para el otoño de 2026 y para 2027, de modo que su ejecución dependerá de las prioridades del próximo Gobierno.
Para las organizaciones afectadas, esto significa dos cosas. La primera, que el marco español de supervisión y sanciones sigue sin cerrarse mientras las obligaciones europeas avanzan. La segunda, que se reabre la conversación: el nuevo texto puede no ser idéntico al anterior, y habrá nuevos interlocutores en el Gobierno y en los grupos parlamentarios.
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La discusión pública sobre la IA suele centrarse en cuántos empleos destruirá o creará. Cada vez más voces sostienen que esa no es la pregunta decisiva. Lo relevante es cómo se repartirá la riqueza que genere.
El argumento es el siguiente. La IA permite que existan empresas muy productivas con plantillas muy reducidas. Si las ganancias de productividad se concentran en quienes poseen el capital y no se trasladan a los salarios, el peso de las rentas del trabajo en la economía seguirá cayendo. La economía en su conjunto puede crecer y, al mismo tiempo, ensancharse la brecha social.
El problema tiene una derivada fiscal. Los Estados recaudan con más facilidad sobre el trabajo que sobre el capital, que se mueve entre jurisdicciones. Si la base salarial pierde peso, se resiente la financiación de los servicios públicos justo cuando más falta hacen para acompañar la transición.
Los organismos internacionales apuntan en la misma dirección. El Fondo Monetario Internacional estima que cerca del 40 % del empleo mundial está expuesto a la IA, un porcentaje que ronda el 60 % en las economías avanzadas, y advierte de que en la mayoría de los escenarios la desigualdad empeora. El panel de Naciones Unidas añade la dimensión global: la infraestructura necesaria para desarrollar estos sistemas está concentrada en unos pocos países y empresas.
El propio Plan IA360 asume este riesgo. Reconoce que en algunas ocupaciones y grupos de edad más expuestos el empleo ya se estaría resintiendo, y propone un Contrato Social para la IA: un acuerdo tripartito con los agentes sociales, mesas sectoriales y un observatorio permanente sobre el impacto de la tecnología en el mercado laboral. El objetivo declarado es que las ganancias se traduzcan en prosperidad compartida.
Nada de esto es inevitable. Depende de decisiones sobre fiscalidad, competencia, formación y protección social. Es decir, de políticas públicas que todavía están por definir y en las que empresas, sindicatos y sociedad civil tienen mucho que aportar.
Europa: regular no basta
La tercera cuestión es geopolítica. Europa ha sido pionera en regular, pero consume sobre todo modelos desarrollados fuera de sus fronteras. Esa dependencia tiene un coste estratégico que no siempre se percibe: quien no produce la tecnología tiene menos capacidad para fijar sus condiciones.
En el encuentro de El País, Muñiz defendió una ambición mayor: “Europa debería ambicionar no aplicaciones europeas, sino un modelo europeo”. Y vinculó esa aspiración a una decisión política que, a su juicio, el continente deberá tomar en los próximos años: avanzar en la integración o seguir fragmentado en 27 mercados nacionales con poco peso propio.
La agenda europea ya refleja ese giro. Junto al reglamento, la Unión impulsa una red de gigafábricas de IA. España aspira a una de ellas: el Plan IA360 prevé una inversión público-privada de 5.000 millones de euros y su apertura en 2028. El país cuenta además con ALIA, una familia de modelos abiertos impulsada por el Estado y entrenada en español y en las lenguas cooficiales. En paralelo, la Unión debate cómo completar el mercado único en sectores como las telecomunicaciones, la energía, la banca o la defensa. Para las empresas, esto se traduce en nuevas normas, pero también en financiación, compra pública y política industrial.
Qué significa para los asuntos públicos
La regulación de la IA es un buen ejemplo de por qué las organizaciones necesitan profesionales capaces de leer el entorno institucional. Estas son las cinco tareas que hoy tienen sobre la mesa:
La secuencia importa. Quien espera a que la norma esté publicada llega tarde; quien entiende el proceso sabe cuándo y ante quién puede participar en su elaboración.
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¿Está en vigor el Reglamento europeo de inteligencia artificial?
Sí. El Reglamento (UE) 2024/1689 entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se aplica de forma escalonada. Las prácticas prohibidas son exigibles desde febrero de 2025, las obligaciones de los modelos de uso general desde agosto de 2025 y las de transparencia desde agosto de 2026.
¿Qué ha cambiado el Ómnibus Digital sobre IA?
El Reglamento (UE) 2026/1744, en vigor desde el 27 de julio de 2026, simplifica algunas obligaciones y aplaza las de los sistemas de alto riesgo: al 2 de diciembre de 2027 las del anexo III y al 2 de agosto de 2028 las de los productos regulados del anexo I. También añade nuevas prohibiciones, aplicables desde el 2 de diciembre de 2026.
¿Tiene España una ley de inteligencia artificial?
Todavía no. El Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial estaba en tramitación en el Congreso y decayó con la disolución de las Cortes en octubre de 2026. El próximo Gobierno tendrá que presentarlo de nuevo.
¿Qué es el Plan IA360?
Es el plan presentado por el Gobierno de España en septiembre de 2026 para situar al país entre los cinco primeros del mundo en inteligencia artificial. Agrupa sus medidas para 2026 y 2027 en ocho ámbitos, entre ellos infraestructuras, seguridad, educación, talento y adopción empresarial, e incluye la creación de un Instituto de Seguridad de la IA dentro de la AESIA.
¿Qué es la AESIA?
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, es el organismo estatal encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa de IA y el punto de contacto único de España ante la Unión Europea. La Comisión Europea conserva la supervisión directa de los modelos de uso general.
¿Por qué se dice que la IA puede aumentar la desigualdad?
Porque las ganancias de productividad pueden concentrarse en quienes poseen el capital y la tecnología, sin trasladarse a los salarios. Además, los Estados tienen más dificultades para gravar el capital que el trabajo, lo que puede debilitar la financiación de los servicios públicos.
¿Cómo pueden participar las organizaciones en la regulación de la IA?
A través de las consultas públicas de la Comisión Europea, los trabajos de normalización técnica, la consulta y la audiencia de los anteproyectos en España y el diálogo con los grupos parlamentarios durante la tramitación. Hacerlo con eficacia exige conocer el proceso normativo y aportar datos y propuestas concretas.
- Riesgos, regulación y desigualdad ante el auge de la inteligencia artificial (El País, 8 de noviembre de 2026)
- Reglamento (UE) 2024/1689, de inteligencia artificial (EUR-Lex)
- Reglamento Europeo de IA tras el Ómnibus: obligaciones y sanciones exigibles (Economist & Jurist)
- Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (Boletín Oficial de las Cortes Generales)
- Gobierno de España, Plan IA360, septiembre de 2026.
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